Ley de Tierras en el Congreso: La marcha atrás de Milei que enciende alarmas para las próximas reformas

La trunca derogación de la Ley de Tierras (26.737) dejó al descubierto los límites de la negociación política del oficialismo en la Cámara de Diputados. Luego de 17 versiones del proyecto y cuatro sesiones parlamentarias frustradas, La Libertad Avanza prefirió dar un paso al costado y retirar la concesión para evitar un rechazo en el recinto que complicase el tablero legislativo de cara al cierre de año.

El fallido intento por liberar la venta de hectáreas productivas a capitales extranjeros generó inquietud en la Casa Rosada. La resistencia no vino solo de los bloques opositores tradicionales, sino de sectores aliados cuya firma era indispensable para lograr el cuórum. Este traspié obliga al Gabinete a recalcular la estrategia frente a un paquete de reformas consideradas neurálgicas para el plan económico de Javier Milei.

Las claves: los proyectos bajo la lupa tras la caída de la Ley de Tierras

• Presupuesto 2027: El trazado de gastos y recursos requiere acuerdos con los gobernadores, hoy distanciados por el reparto de fondos.
• Reforma electoral: Se busca la eliminación de las PASO y modificaciones en el financiamiento partidario, iniciativa que genera divisiones en la UCR y el PRO.
• Súper RIGI: La ampliación de beneficios fiscales para Grandes Inversiones en sectores clave necesita sumar adhesiones provinciales.
• Autonomía del Banco Central: El proyecto para prohibir la emisión monetaria directa al Tesoro enfrenta trabas técnicas y políticas.

El retiro del capítulo de tierras expone la fragilidad de los bloques libertarios para coordinar mayorías sostenibles. Desde la conducción de la Cámara de Diputados admiten fuera de micrófono que insistir con puntos que generan fricción de credibilidad arriesga la aprobación de artículos donde el consenso sí está avanzado.

El oficialismo prefirió retirar el texto antes que sumar un rechazo explícito en el recinto que condicione las negociaciones de las leyes de fondo.

El retroceso legislativo sobre el régimen de titularidad rural se da en un momento donde el Ejecutivo buscaba enviar señales de previsibilidad hacia los inversores internacionales. Al eliminarse la propuesta del temario, rige sin modificaciones la ley sancionada en 2011 que fija un tope del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.

¿Cómo impacta en la economía diaria del lector?

La preservación de la normativa vigente mantiene congelados los trámites de adquisición de campos por parte de firmas radicadas en el exterior que no cumplían con el cupo zonal. Para el sector agropecuario, la estabilidad del marco normativo evita cambios en la valuación fiscal inmobiliaria rural, aunque frena potenciales desembolsos en proyectos agrícolas de gran escala.

En términos de conversión financiera, las operaciones inmobiliarias rurales continúan regidas por la liquidación al tipo de cambio oficial mayorista —que cotiza en torno a los $1.000 por dólar— junto a los controles cambiarios vigentes, manteniendo el valor promedio de la hectárea núcleo en niveles históricos sin los saltos especulativos que preveían algunos operadores ante una eventual desregulación total.

El dato: La normativa actual restringe a 1.000 hectáreas la propiedad de un mismo titular extranjero en la zona núcleo pampeana, un límite que la propuesta del Gobierno pretendía eliminar de forma definitiva.

Con el capítulo agrario fuera de la mesa, el oficialismo concentrará sus fichas en reanudar las conversaciones informales con los bloques dialoguistas. La prioridad de la Jefatura de Gabinete pasa por blindar el proyecto de presupuesto antes de que venza el período de sesiones ordinarias, evitando nuevos desgastes públicos ante proyectos que no cuentan con los votos asegurados.

Con información de Perfil.