Joaquín Benegas Lynch: impugnan al senador libertario por vender tierras a extranjeros

Un severo cuestionamiento ético y político sacude al bloque oficialista en la Cámara de Senadores de la Nación. Se reveló que el senador nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, encabeza una compañía privada dedicada de forma directa al asesoramiento e intermediación comercial para la venta de tierras rurales a capitales extranjeros en Argentina y Sudamérica.

La firma en cuestión es Glocal Terra SRL, fundada por el legislador en 2020 junto a su esposa. En su presentación institucional en inglés, la compañía se ufana de haber participado en operaciones sobre más de 3 millones de hectáreas en Latinoamérica, ofreciendo un catálogo que abarca terrenos agrícolas, áreas forestales, estancias de lujo y grandes extensiones de reserva.

Conflicto de intereses y la Ley de Ética Pública

La noticia saltó en el momento de mayor tensión parlamentaria por el tratamiento del proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada", donde el Gobierno buscaba flexibilizar los topes de la Ley de Tierras (Ley 26.737). Ante esto, la senadora Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) presentó un escrito formal para pedir la impugnación, abstención e inhabilitación de Benegas Lynch en este debate.

"Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar un proyecto sobre tierras siendo socio gerente de una empresa dedicada a vendérselas a inversores extranjeros. Es juez y parte, viola la Ley de Ética Pública", argumentó Di Tullio. Juristas y opositores advirtieron que el hermano del diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch vulnera el artículo 15 de la Ley N.º 25.188, dado que Glocal Terra cobra comisiones sobre estas operaciones.

El Gobierno retrocedió en el proyecto

El escándalo generó un fuerte rechazo en la oposición y en sectores aliados de la Cámara alta. Frente al escenario adverso de no alcanzar los votos necesarios y ante la marcha de protestas sociales, el Ejecutivo resolvió retirar del proyecto el capítulo III, que desregulaba la venta de hectáreas a extranjeros. Pese a la marcha atrás en el texto, la presentación contra el legislador continuará su curso en la Comisión de Asuntos Constitucionales.